Protección infantil

ÍNDICE

DETECCIÓN.

INTERVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE RIESGO.

APOYO A LAS FAMILIAS.


DETECCIÓN

La desprotección infantil es una realidad compleja y heterogénea que, además, se manifiesta con distintos niveles de gravedad que requieren respuestas diversas.
En unos casos bastará con la notificación para activar la intervención de las instituciones y profesionales competentes en la materia.
En muchos casos, la corrección de la misma necesitará de la actuación coordinada de profesionales y personas de muy distintos ámbitos (educativo, social, sanitario…) y entidades.
Además, en determinadas ocasiones, la urgencia del caso (un bebé abandonado en la calle, por ejemplo) requerirá que las actuaciones de atención inmediata se antepongan a las de notificación, o al menos, se superpongan.
Si bien tiende a identificarse la desprotección infantil con las situaciones de maltrato infantil en cualquiera de sus modalidades (abandono, negligencia o abuso tanto físico, emocional, como sexual, etc.) hay que tener en cuenta que, en ocasiones, pueden darse situaciones donde un niño no es maltratado y sin embargo debe ser protegido (como en el caso de un niño pequeño cuyo único cuidador deba ser hospitalizado).
También se debe considerar que hay circunstancias que generan maltrato (separaciones muy conflictivas de pareja, por ejemplo) y que no activan los procedimientos protectores sino que se abordaran desde las actuaciones en el terreno del Derecho de Familia.
En este sentido no debe obviarse que la primera responsabilidad de protección reside en los propios padres de los menores.
La detección consiste en identificar o reconocer aquellas situaciones de desprotección, o salvo las precisiones anteriores, sospecha de maltrato que sufren los menores. Requiere, por tanto, de estar alerta y de ser sensible a cualquier situación en la que se sospeche que un menor pueda ser víctima de un maltrato o estar carente de la suficiente atención material o moral.
En unos casos tal detección dará lugar a la propia intervención protectora por parte de la persona o entidad que detecta, y en otros casos, a la comunicación o notificación al ámbito que puede proporcionar dicha intervención (sanitaria, policial…) o a la entidad con competencia en protección de menores (Ayuntamiento o Generalitat).
Obviamente, la identificación de una situación de desprotección o maltrato infantil puede producirse desde cualquier ámbito, institución o persona que pueda observar en un momento determinado una situación que haga pensar que el bienestar de un menor se encuentra comprometido.
Además, y según recoge la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, cualquier persona o institución deber comunicar o notificar las situaciones observadas a la entidad competente, y en su caso, prestarle el auxilio inmediato que precise.
Así, y sin agotar todas las posibles fuentes de detección, pueden identificar una situación de desprotección infantil y, en algunos casos, intervenir en su corrección:
• los ciudadanos en general
• las asociaciones vecinales
• las entidades sin ánimo de lucro
• los ámbitos escolar, sanitario, educativo, policial y judicial
Así como, y mediante sus competencias específicas en la materia, los equipos municipales de servicios sociales y, en el nivel autonómico, la propia Generalitat, a través de la correspondiente Dirección Territorial de la Conselleria de Bienestar Social.
Por tanto, dado que la situación de desprotección de un menor puede ser detectada, y corregida, desde distintos ámbitos e instituciones, es necesario la existencia de normas, procedimientos y protocolos que garanticen la coordinación y eficacia de dichas actuaciones.
Por ello, en los últimos años, se vienen desarrollando desde la Conselleria de Bienestar Social, distintas líneas de trabajo de cara a la sensibilización y formación, en la Comunidat Valenciana, de los profesionales de aquellos ámbitos que, por su posición de observación, continua o puntual, respecto a la realidad de un menor de edad, pueden detectar y notificar con mayor facilidad las posibles situaciones de desprotección del mismo. Destacan entre las mismas, la existencia de modelos de Hojas de Notificación y Manuales dirigidos a los profesionales del ámbito educativo, sanitario y policial.
También, y dirigido a cualquier ciudadano conocedor de una situación de desprotección infantil, existe un Teléfono del menor que permite informar de la misma sin necesidad de identificación del notificante, si bien, si se desea una mayor implicación en la solución de la misma, se recomienda que la información se traslade directamente al Equipo Municipal de Servicios Sociales de la localidad de residencia del menor o menores.


INTERVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE RIESGO

Con carácter general, en las situaciones de riesgo la actuación de los servicios sociales municipales se dirigirá a procurar la atención de las necesidades del menor, mejorando su medio familiar, y específicamente, y dentro de la voluntaria colaboración de los padres o tutores del menor, estará orientada a conseguir:
– La integración y el mantenimiento del menor en su entorno familiar.
– La disminución de los factores de dificultad social que incidan en la situación personal y social de los menores.
– La promoción de los factores de protección social de los menores con su familia.
– La prevención de situaciones de desarraigo familiar.
Las situaciones de riesgo se atenderán mediante las medidas de apoyo familiar que se describen más adelante.
Apreciada la situación de riesgo y establecido el programa de intervención, los padres o tutores deberán colaborar activamente en la ejecución de las medidas de apoyo acordadas, pudiendo ser plasmada dicha colaboración en documento administrativo. El agravamiento o persistencia de la situación de riesgo por la negativa o por la manifiesta falta de colaboración de los padres o tutores, podrá dar lugar a la declaración de desamparo del menor.
Se considera situación de riesgo para el menor, aquella que, por circunstancias personales, interpersonales o del entorno, ocasiona un perjuicio para el desarrollo y/o bienestar personal o social del mismo sin que sea necesaria la asunción de la tutela por ministerio de la ley para adoptar las medidas encaminadas a su corrección.
En las situaciones de riesgo, el perjuicio que afecta al menor no alcanza la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar, por lo que la intervención de la Administración se limita a intentar eliminar, dentro de la institución familiar, los factores de riesgo.
Según el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, son situaciones de riesgo las siguientes:
1.- La negligencia en la atención física, psíquica o educativa del menor por parte de sus padres, tutores o guardadores siempre y cuando las omisiones en el cuidado de aquél sean esporádicas y leves.
2.- La utilización del abuso físico o emocional, siempre y cuando no se produzcan episodios graves de maltrato y/o no haya un patrón crónico de violencia en la dinámica relacional familiar.
3.- Aquellas potencialmente perjudiciales para el desarrollo físico, psíquico y emocional en las que el menor tiene una satisfactoria y adecuada relación con alguno de los miembros de la familia, o bien una edad y un estatus físico, cognitivo, emocional o temperamental que reduce su vulnerabilidad ante las mismas.
4.- Aquellas de precariedad, dificultad de afrontamiento de la realidad social, dificultades parentales y relacionales, u otras potencialmente perjudiciales para el menor, en las que se cuenta con el consentimiento y colaboración de los padres, tutores o cuidadores para su superación, pudiéndose abordar las mismas desde los recursos generales disponibles en la comunidad, así como con recursos especializados que se puedan llevar a cabo con la familia sin necesidad de asumir la tutela del menor.
5.- Cualesquiera otra situación que produzca en el menor un perjuicio en su desarrollo físico o psíquico, pero cuya magnitud se considere inferior al derivado para el mismo si se asumiera la tutela por ministerio de la ley.


APOYO A LAS FAMILIAS

El apoyo a la familia es una medida de protección dirigida a cubrir las necesidades básicas del menor y mejorar su entorno familiar, con el objetivo de mantenerlo en dicho entorno en unas condiciones que permitan su desarrollo integral.
Corresponde a las entidades locales el desarrollo y aplicación de los recursos de apoyo a la familia, pudiendo ser éstas de carácter técnico o económico.
Se entiende por medidas de apoyo de carácter técnico, las intervenciones de carácter socio-educativo o terapéutico desarrolladas por profesionales en favor del menor y de su familia, tendentes a la prevención de situaciones de desarraigo familiar. También tienen esta consideración los servicios prestados a la familia por las diferentes instituciones que faciliten el desarrollo de la vida familiar y permitan una mejor atención a los menores.
Se entiende por medidas de apoyo de carácter económico, las prestaciones o ayudas que se facilitan cuando la causa determinante del riesgo para el desarrollo del menor procede de situaciones de carencia o insuficiencia de recursos económicos.
La intervención familiar se podrá acompañar, entre otras, de las siguientes medidas especiales de apoyo:
1.- Programas compensadores de carácter socio-educativo que favorezcan la integración y faciliten el adecuado ejercicio de las funciones parentales, así como una mejora en las relaciones socio-familiares.
2.- Prestaciones económicas, para atender las necesidades básicas de los menores.
3.- La asistencia acompañada del menor a centros de carácter educativo.
4.- La intervención de voluntarios en tareas de apoyo al menor y a su familia.
5.- La ayuda a domicilio.
6.- La atención diurna en centros destinados a prestar un apoyo preventivo a la inadaptación social de los menores (centros de día).
7.- Programas formativos de garantía social dirigidos a adolescentes que, abandonando el sistema escolar, requieran una formación profesional que favorezca su incorporación laboral.
8.- Programas de orientación, mediación y terapia familiar.